La educación, se enmarca en procesos globales de producción de conocimiento derivado de una complejidad cada vez mayor en las transformaciones tecnológicas, industriales y sociales que impactan de manera determinante en las políticas educativas. En el caso de las universidades, cuyas principales funciones son: la docencia, la investigación y la extensión; se ha vinculado a estos cambios como parte de un proceso de adaptación a los grandes esfuerzos de modernización de la educación impartida en estas. Específicamente, la universidad venezolana, debe enfrentarse a problemas internos que van desde su propia gobernabilidad, la democratización del acceso a la universidad, el desempeño del profesorado, la calidad y pertinencia del egresado, el desarrollo de la investigación, la pertinencia de la extensión, hasta la eficiencia administrativa; y a nuevos retos como: la globalización, la sociedad del conocimiento y la revolución de la información y la comunicación (Hernández, 2001).
Por su parte la investigación universitaria en conjunto con la globalización están dirigidas a mejorar la calidad académica, a través de una auto-evaluación institucional, en la cual la universidad se investiga y resuelve sus propios problemas y los de otros sectores de la sociedad, considerando las necesidades del desarrollo económico-social, científico-tecnológico y ecológico del país.
En ese sentido, se hace necesario que las instituciones de educación superior consideren como prioridad el significado y el alcance que tiene la función de investigación, como fuerza impulsora del desarrollo económico y social.
Dado que en Venezuela la investigación se adapta y complementa con hechos y problemas de la realidad ocurridos en diversas circunstancias, se puede señalar que el principal hecho a la cual está vinculada, es el rasgo ético del individuo que ejerce como investigador, ya que en su acción de lograr la transformación de la sociedad, debe hacerlo sobre bases objetivas; a fin de investigar sin prejuicios los fenómenos constituyentes de la vida económica, política, social y cultural (Araujo et. al., 2006). Para ejercer igualmente la función investigativa en cualquier universidad o instituciones especializadas, Miquilena (2002) señala que se requiere un alto componente de superación profesional para la transferencia y asimilación de las nuevas tecnologías, en el marco de una buena gestión innovadora.
La investigación que surge en las universidades venezolanas, debe batallar con la escasez de recursos económicos para realizar investigación de calidad, y con la falta de innovación tecnológica por parte del sector productivo del país.
Las consideraciones económicas, que en la actualidad representan un punto álgido en las principales economías y mercados mundiales, están siendo manejadas por el ejecutivo nacional como una simbiosis entre la necesidad de los ciudadanos y el manejo por parte de estos de políticas que incrementen el valor ganado al dinero. La mayoría de las instituciones investigativas del país, están ligadas al Ministerio de Ciencia y Tecnología, mediante el cual reciben situados para el desarrollo planificado y ambicioso de los proyectos innovadores, que impulsen el desarrollo social, sustentable y diversificado.
La globalización de las actividades de investigación puede ser altamente positiva, pero conlleva tanto costos como beneficios, y cuyo comportamiento por las políticas actuales, es que no importa que los beneficios sean superiores a los costos, siempre y cuando se garantice la solución a un problema determinado de la sociedad. Esta nueva forma de hacer investigación que plantea la globalización, está siendo enfocada por el gobierno actual de Venezuela, en el cual se tiene como estrategias, que las empresas e industrias y, las universidades se unan para aprovechar mejor los recursos y producir con mayor calidad, que lejos de ser una pérdida de autonomía, supone una orientación geopolítica de la economía estadal con mejores posibilidades de distribución de los recursos.En lo que respecta a la sustentación de políticas, programas y estrategias para la investigación, a nivel nacional se encuentran respaldadas a nivel jurídico, a través de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación mejor conocida como la LOCTI, cuyo objeto es:
“…desarrollar los principios orientadores que en materia de ciencia, tecnología e innovación, establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, organizar el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, definir los lineamientos que orientarán las políticas y estrategias para la actividad científica, tecnológica y de innovación, con la implantación de mecanismos institucionales y operativos para la promoción, estímulo y fomento de la investigación científica, la apropiación social del conocimiento y la transferencia e innovación tecnológica, a fin de fomentar la capacidad para la generación, uso y circulación del conocimiento y de impulsar el desarrollo nacional.”
De aquí se deriva que en Venezuela, a pesar de las tendencias globales de gobernar, se establezcan espacios dirigidos a apoyar emprendimientos y fomentar la transferencia tecnológica, la innovación, la dinamización del entorno socio-productivo, la creación de empleos de calidad y se esté cambiando el paradigma de que el Estado no puede ser facilitador y promotor de investigaciones. El mejor ejemplo de esto es la Asociación de Parques Tecnológicos de Venezuela (ASOPARTEC), la cual es consecuencia del proceso natural de globalización, del trabajo interdisciplinario y de las redes de conocimiento, que inducen a desenvolvernos en un mundo dinámico, en el cual la tecnología nos muestra escenarios de muy corta vida y con diversificación a ritmo exponencial (http://www.asopartec.org.ve).
Sin embargo, un aspecto que debe ser evaluado y tomado en cuenta en Venezuela es considerar una nueva Ley sobre la Propiedad Intelectual que permita rectificar la injusticia social y económica que repercute en la producción innovadora, investigativa y cultural.
Lo anterior, pone a la palestra un tema de discusión rutinaria a nivel local y es el aspecto político, el cual ha permitido construir una democracia participativa y protagónica; y del cual sabiendo aprovecharse estratégicamente permite patrocinar investigaciones y desarrollos tecnológicos que permitan el avance del país. Sin embargo, el mismo ha ocasionado una ruptura presupuestaria entre los principales centros de investigación en el país (las universidades) y las proyecciones investigativas que el propio conocimiento de los profesionales ha originado.
Siendo el conocimiento un patrimonio universal, se ha proyectado a nivel constitucional, la promoción de la cooperación pacífica entre las naciones, impulsando y consolidando la integración latinoamericana y caribeña. De estos, resulta que los convenios de cooperación internacional son planteamientos estratégicos de elevada relevancia para impulsar la actividad investigativa, ya que la ciencia como resultado de la acción intelectual es por principio y naturaleza una actividad sin límites ni fronteras. La importancia de la colaboración internacional a nivel investigativo, tecnológico e innovador; deriva en su papel de servir como instrumento para complementar los esfuerzos que se hacen a nivel nacional para el fomento de un desarrollo económico y social más eficiente, que permita subsanar las necesidades básicas de la población.
De manera general, se ha presentado un análisis crítico de diversas consideraciones que deben tomarse en cuenta durante el proceso investigativo en cualquier universidad, comenzando por el investigador, el cual se ve expuesto a diversos factores que pueden atentar contra la ética y principios morales que debe gobernar en su quehacer profesional, por lo que es importante una buena concepción y responsabilidad con la misión investigativa para garantizar su objetividad; así como, aquellos que pueden socavar con el ánimo y motivación para el desarrollo de investigaciones que van desde la necesidad de patrocinantes y la garantía de recursos económicos para llevarlas a cabo, hasta la militancia en alguna tendencia política, que puede ocasionar cambios sustanciales en los objetivos y alcances propuestos.
De lo planteado en todas estas líneas, se concluye que tanto el sector gubernamental, el productivo y el universitario deben realizar un esfuerzo prioritario para identificar las nuevas políticas y estrategias que deben desarrollarse a nivel de formación de investigadores e integración de las labores de investigación a la vida nacional.
Para avanzar en América Latina y puntualmente en Venezuela se requiere de la asignación de recursos suficientes a la investigación, la reformulación del sistema educativo, estímulos a la promoción de investigadores y proyectos de cooperación científica entre potencias del mundo y nuestros países, para propiciar la generación y transferencia de productos científicos, tecnológicos y de innovación a toda la ciudadanía.
